La Justicia avanzó con un amparo para que Nación retome obras en rutas bonaerenses

La Justicia Federal de La Plata dio curso a un amparo colectivo que reclama al Gobierno nacional la reactivación de obras y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

La acción fue presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación y quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

La decisión judicial no implica todavía una orden para retomar las obras. El magistrado habilitó el proceso, dispuso su inscripción como causa colectiva y exigió a los organismos demandados que presenten información sobre el manejo de los recursos destinados a infraestructura vial.

Qué le pidió la Justicia al Gobierno

En el marco del pedido de una medida cautelar, Kreplak otorgó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco Nación un plazo de tres días para presentar los informes previstos por la Ley 26.854, que regula las cautelares contra el Estado.

Además, los tres organismos cuentan con diez días para responder sobre el fondo del amparo, según el procedimiento establecido en la Ley 16.986.

La causa lleva el número 35.671/2026 y alcanza al conjunto de usuarios actuales y potenciales de la red vial nacional dentro de la provincia de Buenos Aires.

El reclamo no se limita formalmente a una ruta determinada, aunque entre los casos señalados aparecen obras inconclusas sobre las rutas nacionales 3 y 5, dos corredores estratégicos para el territorio bonaerense.

Más de $1 billón bajo discusión

El eje del planteo judicial está puesto en el funcionamiento del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que recibe parte de los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles y tiene entre sus destinos el financiamiento de infraestructura vial. La normativa que regula el fideicomiso establece la afectación de recursos al sistema vial.

Según la documentación incorporada a la presentación judicial, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el SISVIAL recibió $1,503 billones, pero destinó $394.406 millones a obras y mantenimiento.

La diferencia equivale a una subejecución del 73,8% durante ese período, de acuerdo con la información contable utilizada para fundamentar la denuncia.

Al 31 de mayo de este año, además, alrededor de $1,001 billones permanecían colocados en instrumentos financieros: aproximadamente $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. Otros $37.761 millones permanecían en cuentas bancarias, según la documentación analizada.

Estos números forman parte de la denuncia y ahora deberán ser evaluados dentro del expediente judicial. Por eso, no corresponde presentarlos todavía como una determinación de la Justicia sobre una eventual irregularidad.

Tolosa Paz también presentó una denuncia penal

El amparo se suma a una denuncia penal presentada anteriormente por Tolosa Paz para que se investigue el destino de los fondos viales.

La legisladora pidió analizar posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. La denuncia todavía se encuentra en etapa de investigación y no existe una resolución que determine responsabilidades penales.

El planteo de la diputada sostiene que recursos con destino vial fueron mantenidos en inversiones financieras mientras permanecían paralizadas obras nacionales.

El deterioro de las rutas también llegó al Congreso

La discusión por el estado de la red vial tuvo otra instancia el mismo 18 de agosto en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Obras Públicas recibió a intendentes y funcionarios provinciales.

Entre quienes participaron estuvo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto con jefes comunales que reclamaron por el deterioro de corredores nacionales y la paralización de proyectos.

Ahora, el expediente judicial deberá avanzar con las respuestas de Economía, Vialidad Nacional y Banco Nación.

El punto central es que la Justicia todavía no ordenó reactivar las obras: por el momento abrió el proceso y pidió explicaciones al Gobierno. La decisión sobre la cautelar solicitada será la que determine si existe una orden concreta para retomar trabajos y mantenimiento en las rutas nacionales bonaerenses.